Reformas legales para proteger a menores de los juegos de apuestas en Aguascalientes

* Las iniciativas fueron aprobadas por todas las fuerzas políticas

* Habrá mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno

* 3 mujeres y 2 hombres, en el nuevo Consultivo de la CDH de Aguascalientes

2026-04-16
Redacción | DESDElared

Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Por cuatro años, a partir de este 19 de abril y hasta el 18 de abril de 2030, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes estará integrado por tres mujeres y dos hombres.

Son: Karla María García Alba (25 votos), Susana Lourdes Lupercio Valtierra (25 votos) y Dulce María Rodríguez Ramos (24 votos), así como Walter Guillermo Vela García (25 votos) y Jesús Josafat Gutiérrez Sánchez (18 votos).

Todos ellos, que rindieron protesta de ley, fueron designados por el Pleno del Congreso de Aguascalientes.

Reformas para proteger a menores de los juegos de apuestas

En la Séptima Sesión Ordinaria, quienes integran el Congreso de Aguascalientes también aprobaron reformas legales con las que se fortalecerá la protección de menores de edad frente a prácticas asociadas al uso de tragamonedas y juegos de apuestas.

Todos los grupos parlamentarios de la LXVI Legislatura (PAN, PRI, PRD, MORENA, PVEM y MC), aprobaron las modificaciones que debieron hacerse para tal efecto al Código Penal, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Municipal para el Estado.

Con estas reformas se actualiza el tipo penal de corrupción de menores o incapaces, al incorporar como conducta sancionable el inducir, facilitar, permitir o tolerar que personas menores de edad utilicen máquinas de juegos de azar o dispositivos electrónicos de apuesta que otorguen incentivos económicos. Se establecen sanciones de 6 a 14 años de prisión, de 200 a 500 días multa y la reparación del daño. Y por el delito instalación y operación de máquinas traga monedas, se le aplicarán de 3 a 5 años de cárcel.

También se establecen mecanismos para fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales en materia de seguridad pública, así como mayores facultades de supervisión para los ayuntamientos, a fin de prevenir la exposición de menores a entornos que puedan afectar su desarrollo integral.

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